En una serie de visitas de inspección de derechos y verificación de detención, como parte del seguimiento a la superación del estado de cosas inconstitucional (ECI), la Defensoría del Pueblo realizó 1.015 entrevistas en centros de detención transitoria (CDT) y otras 357 en establecimientos de reclusión del orden nacional (Eron) en el primer semestre del 2026.
La entidad evidenció la persistencia de vulneraciones y violaciones de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad (PPL).
En los 30 Eron visitados, el hacinamiento carcelario continúa siendo el factor estructural más crítico del sistema. Solo el 1 % de las celdas evaluadas por el Plan Maestro del Gobierno nacional cumple con el área mínima por persona.
La Fase 2 de los lineamientos de diseño de nuevos Eron registra apenas un 1 % de avance en componentes esenciales como tanques de agua, subestaciones eléctricas y plantas de tratamiento de agua potable y residual.
El 16 % de las personas entrevistadas reportó que no recibió valoración médica al ingresar al establecimiento o la recibió con retraso. En salud menstrual, solo el 24,2 % de las mujeres y personas menstruantes entrevistadas confirma haberla recibido.
El 64 % de los establecimientos cuenta con disponibilidad médica continua (24 horas, todos los días). Los 25 establecimientos evaluados suman apenas 95 médicos generales para 41.103 personas en Eron reportadas.
En acceso a medicamentos, el 47,6 % de la población afiliada al Fondo Nacional de Salud, que cubre al 93,7 % de las personas privadas de la libertad, recibe sus medicamentos dentro de las 72 horas posteriores a la receta.
La alimentación es el eje donde la brecha entre el reporte institucional y la experiencia de las personas alcanza su mayor nivel. El 36,1% de las personas entrevistadas consideró que la comida les llega en condiciones adecuadas de higiene, pero el 57,4 % reportó haber recibido alimentos crudos y el 70,3 %, alimentos a medio cocinar durante el periodo de medición.
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