La Procuraduría General de la Nación solicitó al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) ejecutar de manera prioritaria los procesos de formación y actualización catastral del territorio nacional con la actualización a 2026.
De la misma manera, la autoridad disciplinaria pidió el cumplimiento del Decreto 0462 de 2025 acerca de los territorios de los indígenas con el objeto de informar sobre el avance del servicio web geográfico, régimen tarifario e integración de datos con gestores; y así, garantizar el acceso público e interoperabilidad de la información catastral a través del Repositorio de Datos Maestro (RDM) y del Sistema de Interrelación Catastro–Registro (SICRE).
Así mismo, el Ministerio Público requirió a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) fortalecer la integración entre las entidades correspondientes la información física, jurídica y económica de los predios rurales, remitir los resultados de los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural (POSPR) especificando municipios, hectáreas y tipo de predios actualizados, y reportar el estado de ejecución de los recursos provenientes de créditos internacionales (BID y Banco Mundial) y el cumplimiento de la Sentencia SU-288 de 2022.
En su función preventiva, la Procuraduría confirmó el Grupo Especial de Seguimiento para la Vigilancia Preventiva a la Implementación de la Política Pública del Catastro Multipropósito; quienes requirieron al Departamento Nacional de Planeación (DNP) cumplir con el artículo 53 del PND 2022–2026 reglamentando la gobernanza y operación del Sistema de Administración del Territorio (SAT), articular junto con el Igac y la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) un informe semestral de avance en cobertura territorial, y coordinar la capacitación a los gobiernos locales en materia tributaria.
Finalmente, el ente de control exhortó a los funcionarios del SNR la importancia de finalizar la migración de datos al Sistema de Información Registral (SIR), depurar inconsistencias entre catastro y registro; y mantener comunicación con el Grupo Especial de Seguimiento para fortalecer la vigilancia preventiva sobre los procesos de interoperabilidad.
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