La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 18 antiguos integrantes de la fuerza pública, 16 del Ejército Nacional y dos de la Policía Nacional, por violencias basadas en género contra la población civil y los llamó a reconocer responsabilidad. Este auto se suma a dos decisiones previas que el Subcaso 1 del Caso 11 ha proferido contra integrantes de las extintas Farc-EP por violencias basadas en género: el Auto No. 12 del 3 de agosto de 2026, conjunto con el Caso 10, en el que 16 personas fueron imputadas por crímenes sexuales, y el Auto No. 17 del 9 de noviembre de 2026, cuyo llamamiento alcanza a 11 integrantes de la extinta guerrilla.
En la presente decisión, la sala determinó dos patrones de macrocriminalidad que evidencian cómo integrantes de la fuerza pública cometieron, facilitaron o permitieron violencias basadas en género contra la población civil en distintas regiones del país, tanto de manera directa como en acciones conjuntas con grupos paramilitares. Por ello, esta imputación se hizo de manera conjunta entre el Subcaso 2 del Caso 11 y el Caso 08 de la JEP en territorios no priorizados por este. Ambas investigaciones son lideradas por el magistrado Óscar Parra Vera, relator del Subcaso 2 del Caso 11 y correlator del Caso 08.
El Subcaso 2 del Caso 11 investiga las violencias basadas en género, sexuales y reproductivas, así como los crímenes motivados por prejuicio cometidos por integrantes de la fuerza pública contra la población civil. Por su parte, el Caso 08 aborda los crímenes cometidos por agentes estatales en asociación con grupos paramilitares o terceros civiles en el contexto del conflicto armado.
Para comprender las causas estructurales de las violencias basadas en género cometidas por integrantes de la fuerza pública, la sala desarrolló una estrategia investigativa de alcance nacional, a partir del desarrollo de metodologías de investigación con enfoque de género y con una amplia participación de víctimas y sus representantes.
En el marco de esta investigación, la sala seleccionó hechos ilustrativos que evidencian rasgos comunes a los patrones de macrocriminalidad, los cuales ocurrieron principalmente en territorios no priorizados por otros macrocasos, como Putumayo, Arauca o Boyacá.
El Universo Provisional de Hechos construido por la sala reúne 565 casos de violencias basadas en género contra la población civil y 729 víctimas directas: 684 mujeres, 74 hombres y 21 personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas por hechos ocurridos entre 1978 y 2016. De dicho total, 35 fueron cometidos de manera directa por grupos paramilitares en el marco de masacres que contaron con la tolerancia, aquiescencia o colaboración de agentes de la fuerza pública. Este universo corresponde a los hechos recibidos, documentados y analizados por la sala y no representa la totalidad de las violencias ocurridas, pues aún existe un alto subregistro, el cual no impide la investigación de los hechos, pero sí evidencia barreras que persisten para la denuncia y el tratamiento judicial de estos casos.
Esta decisión es resultado de un amplio proceso de contrastación que incluyó el análisis de 217 informes presentados por organizaciones de la sociedad civil y entidades del Estado; los relatos de 738 víctimas acreditadas; seis diligencias de contrastación de información, con la participación de 235 personas; 74 versiones voluntarias de comparecientes, y las observaciones de 75 víctimas en audiencia oral. Los relatos y las observaciones de las víctimas fueron fundamentales para esclarecer los hechos, comprender las distintas formas de violencia y documentar sus impactos. Sin la persistencia de las víctimas, de sus representantes y de las organizaciones de mujeres, de hombres y de personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, este resultado no sería posible. La sala les agradece por creer en este proceso, participar activamente en él y mantener la exigencia legítima de sus derechos.
Por los crímenes de guerra y de lesa humanidad de asesinato y homicidio, tortura, desaparición forzada, esclavitud sexual, violación y otras formas de violencia sexual de gravedad comparable, persecución por motivos de género y político, traslado forzoso de la población, desplazamiento de personas civiles, tratos crueles y otros actos inhumanos, la Sala de Reconocimiento de Verdad llama a 18 antiguos integrantes del Ejército Nacional y de la Policía Nacional a reconocer responsabilidad. Cuatro de ellos –un brigadier general, un coronel, un mayor del Ejército y un capitán de la Policía– son llamados como autores por omisión.
Otros 13 comparecientes son llamados como coautores por haber contribuido al despliegue de la alianza con paramilitares o al desarrollo de operativos militares en los cuales se cometieron violencias basadas en género. Por parte del Ejército se llama a reconocer responsabilidad a dos coroneles, tres tenientes coronel, cuatro mayores, dos tenientes y un soldado; por parte de la Policía a un mayor, todos en retiro.











Agencia Digital - Desarrollo web