La ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, expresó este martes su sorpresa por la circulación en redes sociales de un supuesto proyecto de ley para modificar la Ley 91 de 1989 y acabar con el Fomga, una iniciativa que el Gobierno nacional no ha creado, no ha radicado y no tiene previsto tramitar.
La noticia llegó a la jefe de la cartera este martes 3 de noviembre, mientras visitaba la sede de Fiduprevisora – Fomag Salud, ubicada en Bogotá, con el fin de verificar directamente la continuidad en la prestación del servicio a los maestros de Colombia y sus familias tras la decisión de no prorrogar el contrato con la Fiduprevisora.
«He asistido para conocer de manera directa cuál ha sido el proceso en este tránsito que el Gobierno está desarrollando de conformidad con lo establecido en el propio contrato de fiducia […] Hablé con maestros, directivos y recibí quejas directas sobre la prestación del servicio de salud. Después me dirigí a la IPS Visión Total, donde tuve la oportunidad de conocer de primera mano, sin comentarios indirectos, ni simplemente informes de la situación de la salud de los maestros en Colombia. Por eso me ha sorprendido la información de prensa, según la cual el Gobierno nacional estaría promoviendo un proyecto de ley que modificaría la Ley 91 de 1989», afirmó la Ministra.
La Ministra de Educación Nacional fue enfática al desmentir el origen gubernamental del supuesto proyecto y aseguró que ninguna autoridad del Gobierno nacional ha encargado la elaboración o el impulso de esa propuesta, así se lo hizo saber la ministra al presidente de Fecode en una comunicación directa. «Le he manifestado que la transparencia es un compromiso indeclinable del Ministerio de Educación Nacional y del Gobierno nacional y que nos comprometemos a conservar esa ley, salvo que sea la propia Fecode que considere su modificación», sostuvo la ministra Hoyos Castañeda.
Lo anterior reafirma que el Gobierno nacional no tiene la intención de derogar esa ley ni de promover iniciativas que eliminen el Fomag o desconozcan las conquistas sociales del magisterio. Desconocer esos derechos sería contrario al propósito de la transición y a los compromisos asumidos públicamente con los maestros.
La ministra Hoyos insistió en que el fin del contrato con Fiduprevisora, suscrito en junio de 1990, hace 36 años, no afectará el servicio de salud de los maestros ni lo relativo a pensiones y cesantías. «Este Gobierno es garante de los derechos fundamentales», señaló.
La transición del FOMAG debe garantizar el respeto integral de los derechos de los docentes y sus familias. Por eso, esta nueva etapa busca corregir las fallas identificadas, fortalecer la administración de los recursos y avanzar hacia un modelo de atención que responda a las necesidades del magisterio, con un trabajo concertado que escuche a los maestros, a sus organizaciones y a los prestadores de servicios.
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