El Tribunal Administrativo de La Guajira ordenó iniciar en menos de un mes, la caracterización de las comunidades indígenas y afros que podrían resultar afectadas por la exploración, explotación y la construcción de un gasoducto que contempla el proyecto Sirius 2 en los municipios de Dibulla, Riohacha, Uribia y Manaure.

El ministerio del Interior, a través de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, en conjunto con las empresas Ecopetrol y Petrobras, deberán escuchar a cerca de 500 comunidades.

La decisión en segunda instancia revoca el fallo donde el juzgado segundo Administrativo de Riohacha negó un amparo tutelar sobre los derechos fundamentales a la consulta previa y debido proceso.

“Para estas comunidades, el mar no es solo una fuente de alimentación o trabajo; es parte de su territorio espiritual y ancestral. No requiere estar poblado para ser considerado suyo. Esta decisión garantiza el derecho fundamental a la consulta al debido proceso de ellos”, señaló Pablo Segundo Ojeda, abogado de las fundaciones indígenas y afros que radicaron la tutela.

Entre ellas la Fundación Woumain Wajira, Jóvenes para el Progreso y Desarrollo Social, y Afrodescendientes Proyectando Futuro.

El siguiente paso: caracterización y mesas de verificación

Los accionantes argumentan que el proyecto contempla la explotación de gas natural en el pozo Sirius 2, ubicado cerca del corregimiento de Palomino (municipio de Dibulla), mucho más próximo a comunidades guajiras que a las del departamento del Magdalena, donde hasta ahora se ha concentrado la interlocución institucional.

De acuerdo con el abogado, el fallo ordena al Ministerio del Interior conformar equipos interdisciplinarios con expertos en geografía, antropología y arqueología, que se desplazarán a los municipios afectados para realizar la caracterización de las comunidades y su relación con el mar. El proceso deberá incluir mesas de verificación participativas con líderes indígenas, autoridades tradicionales, consejos comunitarios y asociaciones de pescadores.

Una vez concluida esta etapa, se deberá expedir un acto administrativo que determine la procedencia de la consulta previa, un requisito indispensable antes de tramitar cualquier licencia ambiental adicional.

Comunidades celebran el fallo

El fallo ha sido recibido con satisfacción por las comunidades, que durante años han denunciado su exclusión de los procesos de decisión sobre proyectos que afectan directamente sus territorios.

“Este fallo reconoce que existimos, que vivimos del mar y que tenemos derecho a ser consultados. Es un paso histórico para que La Guajira no siga siendo marginada”, expresaron líderes comunitarios. (caracolradio).