La Procuraduría General de la Nación emitió la Directiva 020 de 2025 para exhortar a alcaldes, gobernadores y al Gobierno nacional a conformar, instalar y posesionar los Consejos de Juventud en todo el país y a atenderlos debidamente.

Esta medida surge tras las elecciones realizadas el pasado 19 de octubre de 2025 y busca garantizar que los jóvenes electos, incluyendo quienes ocupan curules especiales de comunidades étnicas, campesinas y víctimas, asuman formalmente sus funciones y cuenten con los espacios para ejercerlas. El Ministerio Público enfatizó que los alcaldes municipales y locales tienen como plazo máximo el 19 de enero de 2026 para cumplir con este proceso de posesión.

La Procuraduría recordó que los consejos de juventudes son mecanismos autónomos de participación y vigilancia de la gestión pública, fundamentales para canalizar las necesidades y propuestas de la población entre los 14 y 28 años. Por ello, la directiva exige a los mandatarios adoptar medidas administrativas que aseguren la operación de estos organismos y el envío de copias de dichos actos al Viceministerio de las Juventudes y a la Registraduría en un plazo de 30 días tras su expedición. Además, se instruyó la creación de programas especiales de apoyo que garanticen espacios físicos dotados y recursos presupuestales para su funcionamiento permanente.

La Directiva 020 también vincula a los gobernadores y al Gobierno nacional para que conformen los Consejos Departamentales y el Consejo Nacional de Juventud en los términos establecidos por el Viceministerio de las Juventudes. Entre las obligaciones destacadas se encuentra la realización de al menos dos sesiones anuales del Consejo de Gobierno con los consejeros de juventud para discutir agendas territoriales concertadas. Asimismo, el Gobierno nacional deberá remitir a la Procuraduría la información de todos los consejeros posesionados en un plazo no mayor a un mes desde su instalación.

Finalmente, la Procuraduría delegó en los personeros y procuradores regionales la vigilancia estricta de este proceso de instalación. El seguimiento directo del cumplimiento de estas instrucciones estará a cargo del Equipo de Trabajo Juvenil Electoral (EJE) que hace parte de la Procuraduría Delegada para Asuntos Electorales y Participación Democrática. El organismo advirtió a los servidores públicos que el incumplimiento de estas disposiciones legales constituye una falta disciplinaria que puede acarrear sanciones conforme al Código General Disciplinario.