La Superintendencia Nacional de Salud ordenó este viernes la intervención forzosa administrativa para administrar de la EPS Coosalud, luego de hallar deficiencias administrativas, financieras, asistenciales y jurídicas, las cuales vienen afectando significativamente la prestación de los servicios y poniendo en riesgo la integridad y seguridad de sus afiliados.

De acuerdo con la orden emitida por la Supersalud, las fallas en la prestación de servicios por parte de esta EPS han sido recurrentes, entre las que se recalcan deficiencias graves en la identificación temprana del riesgo obstétrico; debilidades en la garantía del registro oportuno de las dosis administradas a sus afiliados; deficiencias en la implementación de la ruta de enfermedades huérfanas; incremento en la tasa de reclamaciones en salud, donde se destacan la inoportunidad en la asignación de citas médicas, inoportunidad o entrega incompleta de medicamentos y fallas administrativas propias de la operación de la entidad, así como el incumplimiento con la inversión para el respaldo de la reserva técnica.

La entidad, además, “ha incumplido aspectos cruciales del aseguramiento en salud relacionados con la prestación oportuna, eficaz y de calidad de los servicios de salud, el suministro inmediato de medicamentos y el acceso integral a tecnologías de salud”, tal y como lo señala expresamente la resolución de la Supersalud.

En la auditoría de habilitación y permanencia, Coosalud EPS presenta un bajo nivel cumplimiento de las actividades: 6 % de actividades cumplidas a cabalidad, 58 % en ejecución y 36 % sin avance, lo que viene generando una preocupante afectación para todos sus usuarios.

Actualmente la EPS Coosalud cuenta con más de 3.2 millones de afiliados, especialmente pertenecientes al régimen subsidiado; y presta sus servicios en 23 departamentos del país, además de la capital de la República.

De acuerdo con la Resolución No. 2024320030015228 – 6 del 22 de noviembre de 2024, son 21 hallazgos por parte de la Supersalud los cuales motivaron esta decisión de acuerdo con auditorías realizadas previamente.

Con esta medida se ordena también la separación inmediata de la actual representante legal suplente, Natalia Largo González, así como los todos los miembros de la Junta Directiva, y se designa como agente especial interventor a Mauricio Camaro Fuentes.