La exacerbación del conflicto armado en el país ha generado un panorama preocupante para la Defensoría del Pueblo. Un reporte elaborado con información de todas las regionales de la Entidad da cuenta de cómo en época preelectoral no solo las comunidades en las regiones se han visto afectadas, también servidores públicos, como alcaldes y concejales, principalmente, que vienen siendo blanco de intimidaciones realizadas por organizaciones ilegales.

“En un trabajo de seguimiento en terreno realizado por nuestras 42 Defensorías Regionales que hacen presencia en todo el territorio nacional, encontramos que 12 alcaldes, en siete departamentos, están despachando afuera de sus municipios, y todo porque fueron amenazados por grupos armados al margen de la ley”, denunció el Defensor del Pueblo.

El alcalde de Puerto Guzmán (Putumayo) debe ejercer sus funciones desde otra ciudad. Lo mismo ocurre con los mandatarios de Cartagena del Chairá (Caquetá), Magüí Payán (Nariño), Bagadó, Sipí, Río Iró y San José del Palmar (Chocó), El Bagre y Tarazá (Antioquia), Villeta (Cundinamarca) y Tibú y La Playa (Norte de Santander), quienes despachan desde otras jurisdicciones.

“Es urgente adoptar medidas de protección y fortalecer la presencia institucional, especialmente en aquellos municipios donde hoy no existen las condiciones de seguridad para que los funcionarios puedan desempeñar sus labores, ni para la libre defensa de los derechos humanos”, fue el llamado de Carlos Camargo Assis al Gobierno Nacional y a los entes departamentales.

Otros funcionarios, también debido a amenazas de actores armados, han tenido que desplazarse de los pueblos donde adelantan sus labores. Concejales, personeros municipales, corregidores y presidentes de Juntas de Acción Comunal han tenido que salir de sus municipios en los departamentos de Amazonas, Arauca, Bolívar, Boyacá, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Guaviare, Norte de Santander, Santander y Tolima. Caso similar ocurre con diputados en algunos de esos departamentos.

“Los derechos a la integridad, a la vida, a la libre movilidad y al trabajo deben ser garantizados para los servidores públicos que en este momento son objeto de intimidaciones. La presión de los grupos ilegales, cuando el país está en ambiente de elecciones locales, no puede imponerse bajo la amenaza de las armas”, aseguró Camargo Assis.

El Defensor del Pueblo de los colombianos también instó a los actores armados a mostrar señales que aporten al anhelo colectivo de los colombianos: “No me cansaré de decirlo, es mi deber como Defensor del Pueblo reiterarlo, es con verdaderos gestos que se construye la paz. Cualquier manifestación de violencia, como intimidaciones, amenazas, desplazamientos, no es una muestra que contribuya a la paz total que ahora mismo es promovida en escenarios de diálogo que adelanta el gobierno de turno”.