La Procuraduría General de la Nación realizó mesa de seguimiento con el Ministerio de Salud y Protección Social para evaluar los avances del plan de choque en salud y establecer mecanismos que permitan verificar si las medidas adoptadas están contribuyendo a resolver las necesidades de los usuarios y, garantizar el acceso efectivo de los pacientes a los servicios, medicamentos y tecnologías en salud.

En desarrollo de esta actuación preventiva, el Ministerio Público requirió a todas las EPS la remisión de información e indicadores trazadores que permitan medir el avance del plan, identificar las barreras que persisten y determinar su impacto real en la atención de los usuarios.

Asimismo, el organismo de control enfatizó que el éxito del plan establecido debe medirse por sus resultados en la salud y la vida de los pacientes: la entrega efectiva de medicamentos, la realización oportuna de procedimientos, la continuidad de los tratamientos y la eliminación de barreras que ponen en riesgo su salud.

En este sentido, reiterará ante los actores del sistema que la estrategia de intervención urgente constituye un mecanismo financiero dirigido de manera prioritaria a la resolución de las necesidades de los pacientes, pero no sustituye ni exonera a las EPS de sus responsabilidades como aseguradoras. Por tanto, cada entidad debe continuar garantizando la atención integral, oportuna y continua de sus afiliados, sin trasladarles las consecuencias de las dificultades financieras u operativas del sistema.

El ente de control mantendrá el seguimiento preventivo para verificar que los recursos y las medidas implementadas se traduzcan en soluciones concretas para quienes esperan medicamentos, procedimientos y servicios de salud, pues la prioridad no es únicamente sanear obligaciones financieras, sino garantizar que cada paciente reciba la atención que necesita, cuando la necesita.