En la conmemoración del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, la Defensoría del Pueblo hace un llamado al Estado y a toda la sociedad colombiana a respetar y proteger a las personas mayores.

En los primeros cuatro meses del año, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses reportó 2794 valoraciones medicolegales por violencias interpersonal, intrafamiliar o de pareja, en los que las víctimas fueron personas de 60 o más años. En el 37,6 % de las valoraciones medicolegales por violencia intrafamiliar, el presunto agresor fue el hijo o la hija.

Para la Defensoría del Pueblo, el Estado debe sensibilizar frente a situaciones de maltrato y discriminación de las que son víctimas las personas mayores, pero también la sociedad y la familia deben cuidarlas y frenar las prácticas de abuso en su contra.

El maltrato contra las personas mayores no solamente radica en la violencia física, además, son víctimas de violencias indirectas o violencias estructurales que afectan la garantía plena de sus derechos, como el descuido o abandono, la insatisfacción de sus necesidades básicas, la desigualdad, también la inequidad y la segregación.

Se estima que el 64,1 % de las personas mayores en el país pertenece a los estratos socioeconómicos 1 y 2, lo que deriva en violencias estructurales frente a factores económicos, sociales, políticos o culturales.

La Defensoría del Pueblo recomienda a las autoridades nacionales y territoriales unir esfuerzos pedagógicos y prácticos para avanzar en la sensibilización de la ciudadanía frente al cuidado de las personas mayores.

Igualmente, insta al Gobierno Nacional a darle estricto cumplimiento a las leyes 1251 de 2008, 1850 de 2017 y 2055 de 2020, en las que son establecidas la protección y garantía de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas mayores. Así mismo, la entidad le pide atender las medidas, también contenidas en las tres leyes, que tienen como objetivo principal evitar, erradicar y sancionar todo tipo de violencias que se ejerzan contra ese grupo poblacional.

El Estado debe adecuar el ordenamiento interno con la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Es oportuno para avanzar en la garantía de sus derechos, de manera efectiva y acorde con sus necesidades.