Durante el Gobierno Petro, en el que la Dirección Territorial Cesar – La Guajira de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) ha reimpulsado su labor en ambos departamentos, se presenta un avance de gestión en el que destaca el significativo incremento en las cifras de atención a las víctimas del conflicto armado, mayor cantidad de tierra inscrita en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, demandas presentadas, así como un aumento de la tierra restituida por los jueces y magistrados especializados.
Se trata de un balance que, en la mayoría de aspectos e indicadores del proceso de restitución de tierras, supera la labor del periodo presidencial anterior (cuatro años de la administración Duque).
En cifras, a octubre de 2024, la URT Cesar – La Guajira, que lidera la directora territorial Astrid Navarro Rodríguez, recibió más de 1.100 solicitudes de restitución de tierras, atención que, en solo 26 meses del Gobierno de Gustavo Petro supera en un 30% a la totalidad de solicitudes recabadas entre agosto de 2018 y julio de 2022 (gobierno Duque), con 832.
Además de superar ampliamente las cifras de recepción que inician la etapa administrativa del proceso de restitución de tierras, la Dirección Territorial Cesar – La Guajira también presenta un balance superior en cuanto a las decisiones de fondo favorables a las víctimas, las cuales dan paso a la inscripción de los procesos en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF). En este sentido, el porcentaje de inscripciones en la actualidad es del 76%, dejando en un restante 24 % las cifras de no inscripción.
De acuerdo con lo anterior, en dos años de Gobierno del Cambio, la URT Cesar-La Guajira ha inscrito 338 procesos al RDTDAF, en comparación a 105 casos con decisión de no inscripción. Estas cifras abiertamente contrastan con las negaciones arrojadas en el gobierno Duque (decisiones de fondo no favorables a las víctimas), que en total sumaron 731 procesos inadmitidos. Comparados con las 105 no inscripciones en 26 meses del actual Gobierno, se inclina la balanza a favor de la actual gestión que se lleva en la entidad.
Un dato importante es que, en estos 26 meses, la URT Cesar – La Guajira ha gestionado ante los jueces la restitución de más de 15.000 hectáreas en ruta individual o campesina. Esto equivale al 40% de toda la tierra restituida en ambos departamentos en 13 años de vigencia de la Ley de Víctimas (38.320 hectáreas).
De igual manera, en la etapa judicial —es decir, durante la gestión de las demandas radicadas por la URT Cesar – La Guajira—, se tiene que con los 300 procesos judiciales presentados ante jueces y magistrados en lo que va del Gobierno del Cambio, la territorial busca la restitución de 12.600 hectáreas, equivalentes al 86%.
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