Aunque goza de una condición especial de protección constitucional, la población indígena del país, que representa el 4.4 % del total nacional, en el periodo 2014-2022 solo recibió el 2.25 % de los recursos asignados por los Ministerios de Vivienda y de Agricultura para la política de subsidios de vivienda urbana y rural.
Así lo revela un estudio sectorial que realizó el ente de control, con el objeto de evaluar la Política Pública de Vivienda para esta población.
Una conclusión es que Colombia no cuenta con el cálculo del déficit habitacional específico para la población indígena, lo que hace imposible determinar si la Política Pública está siendo eficaz y eficiente.
La Contraloría expresa preocupación sobre el desarrollo de esta política pública, debido a que no se tiene en cuenta que el 92% de la población indígena se encuentra en condición de pobreza, situación que dificulta el cierre financiero por la imposibilidad de acceder a créditos y, por ende, la posibilidad de obtener una vivienda.
Tras visitar 429 viviendas otorgadas por el Gobierno Nacional a las comunidades indígenas de los pueblos Pastos, Wayúu, Kamentsa, Nasa, Tikuna, y Zenú, la Contraloría General de la República ha identificado una significativa debilidad en la política pública dirigida a garantizar el derecho a una vivienda digna para la población indígena.
Inicialmente, se encuentra un Desajuste de la Política Pública de Vivienda para las comunidades indígenas, que se traduce en falta de metodología para calcular el déficit habitacional de esta población.
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