La Defensoría del Pueblo apoya al Ministerio de Justicia para que expida con prontitud el Decreto que permita detenciones domiciliarias con mayor favorabilidad que en el código procesal vigente, con mayor cobertura, sin criterios reduccionistas estrangulantes, para salvar la vida de miles de privados de libertad y de los guardianes servidores públicos de los establecimientos penitenciarios.

En el marco de la emergencia nacional derivada del Covid-19, la Defensoría del Pueblo ha venido haciendo seguimiento a la situación de las personas privadas de la libertad al interior de los distintos centros de reclusión del país.

En ese sentido, el pasado 23 de marzo la Entidad convocó al Gobierno Nacional para que la Emergencia Carcelaria sea el inicio para superar el Estado de Cosas Inconstitucionales al interior de los establecimientos penitenciarios y así como apoyó las medidas excepcionales de política criminal, consideró que no son suficientes y deben aprovecharse con visión, no de transitoriedad, sino de permanencia.

Además, se pidió que las medidas tengan en cuenta a quienes están detenidos en las Unidades de Reacción Inmediata, URI, y en las Estaciones de Policía donde el Estado de Cosas Inconstitucionales es peor que en los establecimientos carcelarios.

El hecho más reciente atendido por la Defensoría del Pueblo ocurrió en Villavicencio, en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario (EPC) de ese municipio, en donde se reportaron tres (3) personas contagiadas por el Covid-19, entre ellas dos (2) fallecidas.