En dos acciones distintas, la Fiscalía General de la Nación, en articulación con autoridades estadounidenses, materializó ocho capturas con fines de extradición. Siete de los detenidos son requeridos por su presunta participación en una red dedicada al tráfico internacional de estupefacientes, lavado de activos y concierto para delinquir; el octavo es solicitado por supuestas operaciones de blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico mediante criptomonedas.

Inicialmente, con la coordinación de una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo del Ejército Nacional, capturaron a Guillermo Carpio Cárdenas, alias Guillo o Gallo, señalado cabecilla de la organización; Alex Alberto Castillo Gómez, Jhon Jairo Torres Peláez, Nizar Hachem Sawan, Andrés Mauricio Guarnizo Vaca, Danilo Andrés Hernández Junco y Juan Daniel Arenas Uribe, alias Juan Arenas.

Los procedimientos se realizaron en Cajicá (Cundinamarca), Maicao (La Guajira), Barranquilla (Atlántico) y Bogotá.

Un Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico les atribuye a estas personas la circulación, ocultamiento y legitimización de los recursos ilícitos, a través de la implementación de mecanismos financieros como el uso de token, transferencias a terceros y depósitos fraccionados a nombre de personas naturales y jurídicas, principalmente en Bogotá y Barranquilla.

De otra parte, en diligencia de registro y allanamiento realizada en un inmueble de Barranquilla, fue capturado Nassim Orfale Vásquez, quien es pedido en extradición por la Corte del Distrito Sur de Nueva York por hacer parte de una estructura dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico mediante transacciones con criptomonedas.

Según la investigación adelantada por la División Criminal del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS-CI), este hombre habría movilizado aproximadamente 42 millones de dólares en operaciones sospechosas con monedas virtuales desde 2018. Las autoridades investigan una presunta actividad criminal sostenida y dirigida desde la costa Caribe colombiana.

La situación jurídica de los ocho capturados y los procedimientos de extradición correspondientes deberán resolverse conforme a la legislación aplicable y con respeto de las garantías procesales.