La Defensoría del Pueblo, a través de la Delegada para los Derechos Colectivos y del Ambiente, se reunió con 50 personas de la comunidad wayúu provincial y autoridades nacionales y locales del medio ambiente para darle seguimiento a la sentencia T-614 de 2019 de la Corte Constitucional. En esta sentencia el Alto Tribunal solicitó que se adoptaran medidas para garantizar los derechos a la salud y al ambiente sano de dicha comunidad indígena.
En el espacio de diálogo se analizaron los factores de riesgo que afectan a la comunidad y algunas alternativas para prevenir, mitigar y corregir esas afectaciones.
La comisión técnica estuvo conformada por la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Salud, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), Corpoguajira y la Gobernación de La Guajira.
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