La Contraloría General de la República finalizó una Auditoría Financiera a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, sobre la vigencia 2024, en la cual estableció 14 hallazgos administrativos, de los cuales 6 tienen presunto alcance fiscal por un total de $ 13.694 millones y 8 posible alcance disciplinario.

Los hallazgos fiscales detectados en la URT dan cuenta sobre los gastos ejecutados sin respaldo de decisión judicial y soportes. Pagos por $ 6.026.638.450 fueron realizados sin estar respaldados por decisiones judiciales. Los soportes presentados no justifican adecuadamente los gastos ni garantizan la trazabilidad de los recursos. Se trata del pago de actividades y conceptos de gastos a través del operador Magna Comunicaciones S.A.S.

Asimismo, se desataca que en el contrato 040 de 2024, se identificaron deficiencias en los soportes de pagos por $ 2.711.019.421. No se verificaron los costos ni se exigieron los documentos necesarios para garantizar la correcta ejecución del contrato., Además, los pagos de instrucciones a terceros no reconocidos en cumplimiento de sentencia: se realizaron pagos por $2.066.663.912 a terceros no reconocidos en sentencia judicial. Estos desembolsos no contaron con la aprobación del Tribunal Judicial de Cartagena, lo que compromete la correcta ejecución de las órdenes judiciales.

Mientras tanto, en el Contrato Fiduciario 2117 de 2023, se detectaron deficiencias en los soportes de gastos por $ 1.418.745.045. Los documentos no permiten verificar la ejecución adecuada de los recursos ni su relación con los valores del mercado. En el Contrato Fiduciario 47 de 2024 se evidenció insuficiencia en los soportes de gastos por $ 1.279.812.014, relacionados con eventos logísticos, ya que no se presentó trazabilidad completa ni detalle desagregado de los bienes y servicios adquiridos.