La Contraloría General de la República culminó una Auditoría Financiera al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, en la que encontró una gestión ineficaz de los recursos, que estaban destinados a satisfacer las necesidades de la población más vulnerable del país.
En esta auditoría se evaluaron los estados financieros de Prosperidad Social al 31 de diciembre de 2023 y se establecieron 21 hallazgos administrativos de los cuales 17 tienen presunta incidencia disciplinaria y 10 con incidencia fiscal por $ 108.869.283.650. Adicionalmente, se solicitaron 2 aperturas de Indagación Preliminar por $ 46.717.108.000.
Durante la vigencia 2023, Prosperidad Social contó con una asignación de $ 9.8 billones, distribuida en 18 proyectos de inversión, la cual tuvo una ejecución total a nivel de compromisos de solo el 85 %. Se presentó una pérdida de apropiación en la vigencia auditada de $ 1.459.369.495.179, correspondiente a 15 proyectos de inversión.
Para la vigencia 2023, la baja ejecución de los programas de inversión de Prosperidad Social se dio por debilidades en los trámites de aprobación de vigencias futuras, ampliación de cronogramas para la revisión y aprobación de las fichas técnicas, demoras en la investigación de mercados y análisis del sector, y de igual forma en los estudios previos y publicación de procesos contractuales, entre otras.
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