La Contraloría General de la República realizó un estudio de la situación fiscal, presupuestal y pensional de las principales universidades públicas del país (Universidad Nacional, Universidad de Antioquia, Universidad del Valle y Universidad Industrial de Santander), encontrando situaciones preocupantes que de no ser atendidas de manera oportuna ponen en riesgo la sostenibilidad de estas instituciones y la prestación de este importante servicio público como lo es la educación superior.
Tras la evaluación, encontró que tres de ellas, la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de Antioquía y la Universidad del Valle, muestran con corte a diciembre de 2024 un pasivo pensional que asciende a $ 8,3 billones. El más importante es el de la Universidad Nacional: $ 4,5 billones.
Este pasivo se ha ido acumulando producto de los cálculos actuariales de cada entidad, sin embargo, la CGR recalca la necesidad de mantener actualizados los cálculos para determinar el monto real de esta deuda y evitar sorpresas en el futuro. En este sentido, el informe muestra que en algunas entidades se están haciendo proyecciones con bases de datos con antigüedad de una década.
La Contraloría llama la atención para que las entidades del nivel central giren oportunamente los recursos de concurrencia (aportes de la Nación) para atender los pagos de los pensionados de estas entidades. Así mismo, subraya que es necesario revisar los porcentajes que deben pagar estas entidades de educación superior, dado que, en algunas de ellas, los ingresos propios son insuficientes y no alcanzan para cubrir estas obligaciones. Tal es el caso de la Universidad del Valle que debe concurrir con el 19,9 %, viéndose en dificultades para cumplir con su parte del convenio.
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