Ante los juzgados especializados, la Unidad de Restitución de Tierras, a través de su Dirección Territorial en Cesar y La Guajira, gestiona cinco procesos de restablecimiento de derechos étnico-territoriales sobre más de 600 hectáreas.
Estos territorios ancestrales son reclamados por consejos comunitarios afrocolombianos en los municipios de Chimichagua, Tamalameque y Valledupar, en Cesar, tal como Fonseca en La Guajira.
Desde los años noventa, el denominado Bloque Caribe de las Auc propició hechos victimizantes en el departamento del Cesar, particularmente en las riberas del río Magdalena y en la Ciénaga de La Zapatosa, afectando a las poblaciones civiles ajenas a las hostilidades. Entre las más golpeadas está el Consejo Comunitario Roberto Carvajal Medina, ubicado en el corregimiento de Saloa, en Chimichagua. Tras superar los flagelos de la violencia, las 600 personas de 220 familias que integran este consejo cuentan desde el 2024 con una demanda admitida, que reclama 296 hectáreas de su territorio ancestral.
Del mismo modo, el Consejo Comunitario Cienagueros, ubicado en el municipio de Tamalameque, también avanza con una demanda admitida. En esta comunidad, 120 familias de pescadores y trabajadores del campo fueron despojadas de más de 100 hectáreas por parte de las Auc.
Más al norte del Cesar, grupos afros de la zona rural de Valledupar también padecieron los años más duros del conflicto armado. En el corregimiento de Guacoche está el Consejo Comunitario Los Cardonales, conformado por 1.100 personas de 280 familias, que perdieron 157 hectáreas de territorio ancestral. Ahora, las esperan recuperar a través de una demanda de restitución, que avanza por gestión de la Dirección de Asuntos Étnicos de la URT.
La Guajira no fue ajena a los efectos del conflicto armado interno. En este departamento, comunidades afrocolombianas de Fonseca, organizadas en los consejos Blas Rosado Urbay y José Manjarrez Ariza, también fueron despojadas de sus territorios a finales de los noventa. En el corregimiento de Almapoque, más de 600 personas que integran las 130 familias del Consejo Comunitario Blas Rosado Urbay, dueñas de 15 hectáreas de tierra, esperan justicia en su proceso judicial, admitido en 2024. Así mismo, 110 grupos familiares y 450 personas que integran José Manjarrez Ariza, avanzan junto a la URT en una demanda que pretende la restitución de seis (6) hectáreas de territorio ancestral.
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