En el Informe sobre el Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente (IERNA) 2025-2026, la Contraloría General evidenció que existen debilidades institucionales en la capacidad para implementar medidas de adaptación y mitigación, dejando expuestas regiones con riesgo alto de desastres asociados a fenómenos de cambio climático.
Entre otros aspectos, la delegada para el Medio Ambiente identificó deficiencias en la formulación y seguimiento de los indicadores que miden el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022 -2026, frente al cambio climático. El Gobierno reportó ejecuciones de metas físicas superiores al 100 %, en contraste con los bajos niveles de ejecución presupuestal; situación que podría evidenciar inconsistencias entre los mecanismos de medición de resultados y la asignación efectiva de recursos públicos, lo que genera incertidumbre sobre la consistencia del diseño y los mecanismos de evaluación y seguimiento del plan.
Además, la revisión de las acciones climáticas contenidas en PND, muestra que las acciones climáticas revisadas carecen de un plan de acción específico, metas verificables y responsables institucionales claramente definidos. A esto se suma un problema de fondo en el reporte de resultados de Colombia ante la comunidad internacional, pues los indicadores no tienen asociación directa con las metas trazadoras de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y persisten rezagos en la información 2023-2025, necesaria para su seguimiento.
La Contraloría también evidenció la disminución de recursos de inversión para el sector ambiente y desarrollo sostenible e ineficiencia en su ejecución. Para la vigencia 2025, este componente del Presupuesto General de la Nación presentó una reducción del 32 % frente a 2024, al pasar de $ 1,44 billones a $ 976.371 millones. Esta reducción resulta especialmente relevante en un periodo en el que la acción climática demanda fortalecer la capacidad financiera de las entidades responsables de la gestión ambiental.
A esto se suma la baja ejecución en los tres fondos especiales con mayores apropiaciones del PGN para financiar el gasto ambiental: El Fondo Adaptación, que ejecuta proyectos de gestión del riesgo climático en zonas prioritarias, registró una ejecución de tan solo el 0,82 % en 2025; el Fondo para la Vida y la Biodiversidad, que concentra el 74 % de los recursos para inversión del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, presentó una ejecución del 52 % y el Fondo de Compensación Ambiental, que sostiene financieramente a las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) con menor capacidad de generación de ingresos propios, que mostró un 58 % de ejecución.
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