La Defensoría del Pueblo advierte sobre posibles escenarios de conflictividad social durante la jornada electoral del próximo 8 marzo y en la etapa poselectoral. Entre el 1 de enero y el 28 de febrero del 2026, identificó 35 eventos en Bogotá y 21 municipios de 12 departamentos del país, a partir del análisis preventivo adelantado por su Observatorio de Conflictividad Social.
En Atlántico, Boyacá, Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Huila, Meta, Norte de Santander, Santander, Tolima y Valle del Cauca, los hechos registrados han estado asociados principalmente a acciones contra la oposición política (34 %), a situaciones que evidencian la polarización política con tensiones sociales entre quienes tienen posturas políticas diferentes (23 %), a inscripciones de listas de candidatos (17 %), a situaciones que restringen el derecho a elegir y ser elegido (14 %), entre otros temas con una menor proporción.
En cuanto a las formas de manifestación, la mayoría de los eventos se desarrollaron mediante plantones y concentraciones (46 %), afectaciones a vallas electorales (14 %), disturbios o acciones violentas en manifestaciones públicas (11 %), afectaciones a sedes de campaña (9 %), marchas y movilizaciones (6 %), sabotajes en actos de campaña (6 %) y otros mecanismos (6 %).
Si bien la generalidad de las manifestaciones se ha caracterizado por su naturaleza pacífica, se destacan algunos hechos en distintos territorios que incluyeron agresiones, daños a sedes de campaña, confrontaciones violentas entre simpatizantes y denuncias de actos de intolerancia política. Estos hechos reflejan un escenario de tensión latente que, ante eventuales fallas logísticas, limitaciones en el acceso al voto, decisiones operativas percibidas como restrictivas o controversias durante el escrutinio y la divulgación de resultados, podría derivar en escalamiento de la conflictividad social.
La Defensoría les recomienda al Ministerio del Interior, a través del Viceministerio de Diálogo Social y los Derechos Humanos, y la Registraduría Nacional fortalecer las acciones de prevención y transformación de conflictos con incidencia electoral, priorizando mecanismos de diálogo, mediación y articulación interinstitucional que permitan atender oportunamente las inconformidades que puedan surgir durante el desarrollo de las elecciones y en la etapa poselectoral.
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