El Gobierno nacional declaró, mediante el Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025, “el Estado de Emergencia Económica y Social en todo el territorio nacional» con el que espera recaudar los $ 16,3 billones que permitan hacerle frente al déficit fiscal tras el hundimiento de la Ley de Financiamiento en el Congreso de la República.
La declaratoria le permite al Ejecutivo dictar decretos con fuerza de ley para conjurar la situación durante un periodo de 30 días calendario, así como a establecer nuevos tributos o modificar los existentes, según lo establecido por el artículo 215 de la Constitución Política.
El Decreto 1390, que lleva la firma de todos los ministros del gabinete y del jefe de Estado, lo faculta para adoptar mediante decretos legislativos “todas las medidas que sean necesarias y estén destinadas exclusivamente a conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos, incluyendo las operaciones presupuestales necesarias para llevarlas a cabo», según el artículo 2 de la norma.
Además, dice el artículo 4, El Gobierno nacional tendrá que convocar al Congreso de la República para el décimo día siguiente al vencimiento del cese de Estado de Emergencia Económica, según el artículo 21 de la Constitución y el artículo 46 de la Ley 137 de 1994, “con el fin de que se realice el control político sobre el ejercicio de las facultades extraordinarias del Gobierno nacional».
El decreto declaratorio ahora pasará a revisión de la Corte Constitucional para su estudio jurídico.
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