En 1995, Andrés Zambrano y María Aurora Pérez recibieron con alegría una resolución del antiguo Incora que los hizo adjudicatarios del predio ‘número 1’ en la parcelación ‘Vayan Viendo’, ubicada en el corregimiento Nuevas Flores, en San Diego (Cesar). Eran 38 hectáreas que representaban futuro y dignidad. Allí sembraron maíz, yuca, plátano, criaron vacas, carneros y aves de corral. Empezaron a levantar una casa que, aunque nunca terminaron, simbolizaba la esperanza de vivir en un territorio fértil, conquistado con sudor y vocación campesina.
“Nos metimos allá para sembrar frutas, para criar animales”, recordó María Aurora al narrar —en audiencia ante los jueces de restitución—, cómo fue el inicio de aquel sueño. La tranquilidad duró poco. Para 1997, la violencia paramilitar ya se había instalado en San Diego. Hombres armados del denominado Frente Juan Andrés Álvarez de las Auc acusaron al jefe de este hogar de ser colaborador de la guerrilla, con amenazas directas y repetidas.
Las noches se volvieron insoportables: en varias ocasiones la familia debía irse al monte para dormir entre el miedo y la zozobra. “Ellos iban de noche y nosotros salíamos corriendo a escondernos para que no nos mataran”, relató. El ultimátum fue claro: si no abandonaban la parcela, los asesinaban. El desarraigo se impuso como única salida: los Zambrano dejaron atrás cultivos, animales y pertenencias, sumándose al éxodo campesino que marcó a miles de familias en el Cesar.
San Diego, un territorio bajo fuego
El despojo de esta familia fue parte de un fenómeno mayor. Entre 1996 y 2006, San Diego se convirtió en uno de los municipios más golpeados por la violencia paramilitar en la Serranía del Perijá. Los frentes Juan Andrés Álvarez y Mártires del Cesar consolidaron su dominio con masacres, asesinatos selectivos y desplazamientos. Solo en 2001 se registraron 33 homicidios, el año más sangriento en la región. En apenas seis años se perpetraron siete masacres, y más de 6.800 hectáreas de tierra fueron abandonadas.
Los predios de ‘Vayan Viendo’ quedaron en medio de esa guerra irregular. La comunidad recuerda cómo los paramilitares llegaban en camionetas a señalar campesinos, a presionar ventas de parcelas y a imponer el miedo como mecanismo de control.
En vida, Andrés Zambrano denunció su caso en 2010 ante la Fiscalía y, en 2012, ingresó al Registro Único de Víctimas. La Unidad de Restitución de Tierras (URT) asumió entonces su solicitud, recopiló pruebas y presentó la demanda de restitución ante la justicia. En 2015, mediante resolución administrativa, la URT reconoció los derechos de la familia y llevó el caso a los juzgados especializados de Valledupar y, de allí, al Tribunal Superior de Cartagena. Tras un proceso con oposiciones y pruebas, la magistratura concluyó que la familia Zambrano fue víctima de desplazamiento forzado y declaró la nulidad de los negocios posteriores sobre la parcela. Aunque falleció durante el proceso, el nombre de Andrés quedó grabado en la sentencia que ordenó devolver la ‘Parcela número 1’ a su familia, reconociendo que el abandono fue forzado por la violencia.
En septiembre de 2025, el retorno a la ‘Parcela 1’ por parte de la familia Zambrano no solo significa la devolución de una tierra, sino la reparación de una herida abierta por más de dos décadas. La gestión de la URT Cesar-La Guajira fue decisiva para que este proceso llegara a buen término. Su acompañamiento garantizó que la voz las víctimas fuera escuchada y que la memoria de don Andrés fuera reivindicada.
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