El Observatorio de Conflictividad Social de la Defensoría del Pueblo registró 87 conflictos sociales, entre el 26 de octubre y el 1 de noviembre, en Bogotá y 53 municipios del país.
Los principales conflictos fueron por condiciones laborales (20 %), fallas en la prestación de servicios públicos domiciliarios (20 %), derecho a la vida, la libertad y la integridad (14 %), derecho a la educación (14 %), por presencia e inversión estatal (7 %), por múltiples derechos (6 %) y por transporte (5 %), ente otros, que cada uno suma entre el 1 y el 3 %.
El reporte también indica que los conflictos se dieron a través de bloqueos o cortes de ruta (46 %), plantones y concentraciones (33 %), marchas/movilizaciones (10 %), otros (2 %), paros/ceses de actividades (3 %), disturbios (2 %), asambleas permanentes y medidas con riesgo a la integridad de los manifestantes con 1 % cada uno.
En cuanto a las advertencias identificadas por la Defensoría del Pueblo, aunque aún no se ha determinado una fecha, se hace referencia a la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc) del Cauca, que ya había expresado su descontento con el decreto que reconoce el mandato de la Autoridad Territorial Económica y Ambiental (ATEA) debido al riesgo de que esto pueda generar conflictos entre comunidades indígenas y campesinas.
En este contexto, y con el fin de prevenir una posible escalada del conflicto, la Defensoría del Pueblo solicitó la reactivación de los espacios de diálogo existentes con estas comunidades.
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