En el primer semestre del 2024, la Defensoría del Pueblo registró 159 casos de reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes (NNA) en Colombia. El 51 % del total corresponde a NNA de pueblos indígenas; el 31 %, a ningún grupo étnico; el 5 %, a comunidades afrocolombianas, y de un 13 % no se cuenta con información.
El 67 % de la totalidad de los casos conocidos por la entidad nacional garante de los derechos humanos afecta a niños y adolescentes hombres y el 33 %, a niñas y adolescentes mujeres.
A pesar del subregistro tan elevado por la falta de denuncias, algunas por temor a represalias de grupos armados ilegales o incluso por la posibilidad de ser víctimas de otros hechos como desplazamiento, amenazas y homicidio, el reclutamiento tiene un impacto diferencial en el territorio nacional, que además se ve determinado por condiciones sociodemográficas y étnicas.
La Defensoría del Pueblo, por consiguiente, les hace un llamado a las estructuras armadas al margen de la ley: no continúen, bajo ningún pretexto, reclutando niñas, niños y adolescentes y dejen por fuera de sus prácticas de guerra a toda la población civil. Es necesario, igualmente, que las instituciones del Estado tomen medidas efectivas de protección para NNA, afectados por tan aberrante práctica, la cual no solo es violatoria de los DD. HH., también infringe el derecho internacional humanitario (DIH) consuetudinario.
Las niñas, los niños y adolescentes son sujetos de especial protección constitucional, por lo que sus proyectos de vida deben estar por fuera de cualquier práctica relacionada con la guerra; el reclutamiento no es una opción de futuro para ellos.
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