En julio de 2003, por amenazas del paramilitarismo, la familia compuesta por Sabas Quintero Mora y María García e hijos, debieron abandonar la vivienda que construyeron con esperanza, en el casco urbano de Becerril, municipio del departamento de Cesar.

Pero hoy, 22 años después, esta historia de abandono forzado, sufrimiento y desarraigo adquiere otro matiz, tras la entrega material de la casa a sus dueños originales, cumpliendo así una sentencia del Tribunal Superior de Cartagena que ordenó la restitución del inmueble, en un proceso que recibió gestión y acompañamiento permanente por parte de la Dirección Territorial Cesar – La Guajira de la Unidad de Restitución de Tierras (URT).

En la violencia que se tomó el Caribe colombiano —durante la época más cruenta del conflicto armado—, la tranquilidad de la familia Quintero García se vio interrumpida. Mientras el padre se dirigía a la vivienda, fue abordado por paramilitares vestidos de civil, que le ordenaron abandonar el municipio bajo amenaza de violencia inminente. Ese día, junto con su esposa e hijos, salieron de Becerril. Meses después, tras regresar brevemente, las amenazas persistentes los obligaron a abandonar por más de dos décadas el hogar que con sacrificio adquirieron, desplazándose a Bucaramanga y luego al Huila.

La justicia al final los alcanzó

Años después, la familia víctima conoció de la Unidad de Restitución de Tierras e hizo la solicitud formal de atención. Después de surtida la etapa administrativa, dentro del proceso judicial y en el marco de sus competencias en favor de esta familia, la URT Cesar – La Guajira documentó estos hechos y demostró ante la justicia que se trataba de un desplazamiento forzado, sentando la base para la reparación integral.

El proceso también implicó la nulidad de los negocios jurídicos que se realizaron sobre el predio durante la ausencia de la familia. El Tribunal declaró inexistente la “carta venta” de 2003 y, por ende, nulos todos los actos posteriores de compraventa relacionados con el predio. Esto permitió que la familia de Sabas Quintero y María García recuperara la titularidad plena de su hogar, con la entrega material que fue acompañada por la Unidad.

La restitución del predio y su posterior entrega, fueron solo el primer paso. El fallo contempla el acompañamiento integral del Estado para poner en marcha un proyecto productivo en suelo urbano, alivio de pasivos por servicios públicos y deudas, inclusión de la familia en programas de educación y salud, así como la priorización para el subsidio o mejora de la vivienda. Además, la sentencia ordena la implementación de un Plan Individual de Retorno y un Esquema Especial de Acompañamiento Familiar, asegurando la atención psicosocial y fortaleciendo su estabilidad.