El Gobierno nacional, a través del ministerio de Justicia y del Derecho, saldó una deuda histórica con las mujeres buscadoras de desaparecidos en Colombia, con la expedición del Decreto 063 del 26 de enero de 2026 que define las condiciones en las que ellas y sus familias podrán acceder a las disposiciones de la Ley de Mujeres Buscadoras (Ley 2364 de 2024).

De acuerdo con el ministerio, el Decreto contiene medidas para que las mujeres buscadoras de víctimas de desaparición forzada y sus familias puedan acceder a la justicia, a la salud integral, a la educación, al trabajo, a la autonomía económica, a la vivienda, a programas sociales y culturales, así como a mecanismos de prevención, atención y protección en casos de violencias, incluidas las de género que han enfrentado por su rol.

El ministerio indicó que, para acceder a dichas medidas, es necesaria la inscripción en el Registro Único de Mujeres Buscadoras; un mecanismo que deberá desarrollar la Unidad para las Víctimas en un plazo máximo de 10 meses contados a partir de la entrada en vigor del decreto.

Asimismo, contiene medidas de sensibilización, memoria y reconocimiento de la labor de las mujeres buscadoras en el país. En ese sentido, se proponen acciones para la promoción ante organismos especializados como las Naciones Unidas para impulsar, por ejemplo, un reconocimiento del Día Mundial de las Mujeres Buscadoras de personas desaparecidas.

Adicionalmente, como medida de reconocimiento, el decreto incorpora disposiciones orientadas a promover el reconocimiento de los saberes y experiencias de las mujeres por parte del sistema educativo, así como su incorporación en espacios educativos que contribuyan a la sensibilización, la memoria y la construcción de paz.

También establece mecanismos para fortalecer su participación en la construcción de paz, garantizando su inclusión en distintos niveles de la vida comunitaria y nacional. Estas medidas buscan reconocerlas como actoras centrales en procesos de verdad, memoria y no repetición, mediante acciones de formación, acompañamiento psicosocial, garantías de seguridad y representatividad. Con ello, se promueve que sus experiencias y saberes incidan en las políticas públicas de paz y contribuyan a la construcción de una sociedad más justa y solidaria.