Un total de 156 hallazgos con presunta incidencia fiscal, por $ 16.776, estableció la Contraloría General de la República al concluir una Actuación Especial de Fiscalización a los más de $ 1,04 billones del Sistema General de Participaciones destinados a los Resguardos Indígenas del país, durante las vigencias 2015 a 30 de junio de 2019.

Se determinaron 760 hallazgos administrativos, de los cuales 638 tienen posible connotación disciplinaria y 45 presunto carácter penal.

Otros 26 hallazgos dieron lugar a solicitudes de apertura de Indagación Preliminar, 7 a Procesos Administrativos Sancionatorios, 22 tienen otras incidencias y 41 representaron beneficios de auditoría por $ 2.235 millones.

Los conceptos emitidos para cada uno de las entidades territoriales que manejaron recursos de la llamada Asignación Especial del Sistema General de Participaciones para Resguardos Indígenas y que fueron objeto de esta Actuación, permiten concluir que solo el 25.22 % (57) manejaron adecuadamente estos recursos.

Mientras tanto, el 61.95 % (145 entidades territoriales) presentan deficiencias, que si bien no son generalizadas si impactan el cumplimiento de los objetos contractuales y las metas de los proyectos formulados por las comunidades indígenas, siendo más grave aún, lo evidenciado en el 10.62% de las entidades (24), cuyas deficiencias son materiales y generalizadas.

En general, de acuerdo con la revisión efectuada a los contratos de ejecución de estos recursos, se encontró que la estructuración de los proyectos de inversión, por parte de los resguardos indígenas, presenta debilidades, ya que no surte la metodología dispuesta para ello según la normatividad aplicable, no hay una determinación de la población beneficiaria de los bienes y servicios contratados y no presentan un cronograma de ejecución del proyecto, aunado a la falta de asistencia técnica por parte de las Oficinas de Planeación Municipal y Departamental.

Adicionalmente, la gran mayoría de los recursos son ejecutados en compra de bienes de consumo inmediato y no en proyectos de inversión que garanticen el mejoramiento en la calidad de vida de la comunidad indígena.