La Secretaría de Educación Municipal expresa su condena y rechazo frente al presunto caso de acto sexual violento reportado por la Policía Metropolitana de Valledupar que originó la captura de un docente de primaria en un establecimiento educativo de carácter privado dentro del Municipio de Valledupar.

Frente a estos hechos, el secretario de Educación, Camilo Pinto Morón, repugna cualquier forma de violencia sexual, física o psicológica, contra menores de edad, quienes poseen especial protección constitucional, como lo establece la convención por los derechos de los niños de 1989 y que hace parte de nuestro bloque de constitucionalidad; solidarizándonos así con las víctimas y sus familias.

Considera también, que estos actos son injustificables e inaceptables. Desde el escenario de la educación se está para promover una cultura de respeto y protección a la población infantil, soportados en principios éticos y morales necesarios para la eficaz armonía de nuestra sociedad.

Por las razones antes expuestas y de conocimiento público, el Secretario de Educación impartió directrices al área competente para que se realicen las visitas correspondientes de Inspección y Vigilancia al Establecimiento Educativo (EE) Fisher School en Valledupar, con el propósito de indagar y recopilar información referente al presunto acto sexual cometido en la institución de carácter privada, y en general, se realicen todas y cada una de las gestiones que han de aplicarse en estos casos de acuerdo con el ordenamiento constitucional, legal y reglamentario en materia de prestación del servicio educativo.

De igual manera, el Secretario de Educación Municipal manifiesta que es creyente a ciegas del sistema judicial colombiano encabezado por los jueces de la República, sus fiscales con su cuerpo de investigadores, procuradores y Defensoría del Pueblo, así mismo respetuoso del debido proceso judicial, por consiguiente insta que este asunto por su relevancia social se lleve a cabo bajo los principios rectores de imparcialidad, transparencia, eficiencia y en especial celeridad, para que se obtenga dentro de un plazo razonable la verdad y la justicia, así se garantizarían los derechos de las posibles víctimas, del mismo presunto victimario y de la comunidad.