En desarrollo del principio de coordinación y colaboración entre las entidades del Estado, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) y la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) adelantan un trabajo conjunto para proteger los derechos de las y los consumidores de vivienda de interés social (VIS) y vivienda de interés prioritario (VIP), y garantizar información clara, suficiente y oportuna en los proyectos inmobiliarios del país.

Esta acción articulada se enmarca en las competencias de la SIC en materia de protección al consumidor y en los lineamientos de política pública del MVCT orientados a garantizar el derecho a una vivienda digna y el acceso a información transparente por parte de los hogares colombianos.

En este marco, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio publicó para observaciones ciudadanas un proyecto de decreto que armoniza el tope máximo general de la VIS en 135 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), en coherencia con lo dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo. Esta medida busca evitar alzas desproporcionadas en el precio de la VIS y proteger la planeación financiera de los hogares.

El proyecto no constituye un control de precios. En realidad, con este instrumento normativo se busca proteger a las familias compradoras, al reafirmar que de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto del consumidor y la Circular 004 de 2024 emitida por la SIC, el valor total de la vivienda debe pactarse en pesos colombianos desde el inicio del proceso, sin indexaciones automáticas asociadas al incremento anual del salario mínimo.

De esta manera, se evitan incrementos abruptos —como los derivados del aumento del salario mínimo del 23 % para la vigencia 2026— y se limita cualquier ajuste a variables relacionadas con los costos de construcción, siempre respetando lo pactado desde la separación, la promesa de compraventa o el encargo fiduciario.