De acuerdo con caracol radio, la ONU Derechos Humanos en Colombia verificó 658 casos de graves violaciones de derechos humanos a la niñez en el marco del conflicto armado, entre los años 2022 y 2024.

A este organismo internacional le preocupa el aumento del reclutamiento de menores con 474 casos. En el primer trimestre de este 2025, este organismo internacional ha verificado 51 casos de reclutamiento. Así lo explica Scott Campbell, representante en Colombia de la ONU Derechos Humanos.

“Reiteramos nuestra condena al reclutamiento y/o utilización de niños menores de 18 años y exigimos a los grupos armados no estatales parar con este crimen. Observamos un recrudecimiento y la expansión territorial en las violencias contra niños por parte de estos grupos, debido al aumento de su presencia y por sus estrategias de control social y territorial”, señala el medio.

Agrega el medio, que, en su gran mayoría, los menores son atraídos por los grupos armados ilegales a través de las redes sociales que se han convertido en una plataforma para perpetrar este delito. En algunas cuentas se identificó que miembros de grupos armados hacen apología de guerra, normalizan la violencia y promueven tanto la entrada al grupo, como el trabajo en cultivos de uso ilícito o en otras actividades criminales o ilícitas.

La ONU Derechos Humanos se ha reunido con Meta y TikTok y les ha reiterado el deber que tienen de respetar los derechos humanos de acuerdo con estándares internacionales, particularmente, teniendo en cuenta cómo los servicios ofrecidos en sus plataformas para la generación de contenidos y la mensajería directa pueden causar graves impactos sobre los derechos humanos de los menores en el contexto del conflicto armado en Colombia, anota el medio.

Es fundamental contar con mecanismos judiciales adecuados para asegurar la rendición de cuentas de las empresas, la responsabilidad jurídica y el acceso a una reparación efectiva de las personas afectadas por violaciones de derechos humanos relacionadas con actividades empresariales.

“El Estado tiene la obligación de proteger a los menores del horrible crimen, del reclutamiento o utilización que destruye la vida de las víctimas, de sus familias, de sus comunidades y el futuro de varias de las próximas generaciones de colombianos y colombianas”, dijo Scott Campbell, de acuerdo con caracol radio.