La Procuraduría General de la Nación llamó la atención de varias gobernaciones y alcaldías que aún no han formulado ni adoptado sus Planes Locales de Seguridad Vial (PLSV), pese a que la ley los obliga a contar con esta herramienta clave para salvar vidas y reducir la siniestralidad en las carreteras.

La advertencia realizada por la Delegada Segunda para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública cobija a las gobernaciones de Amazonas, Antioquia, San Andrés, Cauca, Chocó, Córdoba, Meta, Quindío, Santander, Sucre y Vaupés, y a las alcaldías de Arauca, Cartagena, Yopal, Quibdó, Riohacha, Villavicencio, Sincelejo y Mitú.

La entidad recordó que la Ley 2251 de 2022 (Ley Julián Esteban) establece la obligatoriedad de los PLSV y que estos deben armonizarse con el Plan Nacional de Seguridad Vial 2022–2031, aprobado mediante el Decreto 1430 de 2022.

La Procuraduría pidió a las administraciones territoriales establecer un cronograma con responsables y plazos, designar equipos técnicos idóneos, coordinar con la Agencia Nacional de Seguridad Vial la asistencia necesaria y explicar las causas del atraso, junto con las medidas correctivas que adoptarán.

El Ministerio Público insistió en que cumplir con esta obligación no es solo un trámite legal, sino un compromiso real con la ciudadanía, pues se trata de prevenir muertes y lesiones graves, y garantizar entornos de movilidad seguros para todos los colombianos.