Dados los retrasos en la expedición de trámites ambientales para el desarrollo de proyectos no renovables en el país, la Procuraduría General de la Nación convocó a las autoridades del orden nacional y local, para revisar los “cuellos de botella” de manera que, bajo el principio de rigor y pertinencia, se encuentren soluciones alternativas que permitan la implementación de la hoja de ruta para la política de transición energética y el cumplimiento de los compromisos internacionales de Colombia en términos ambientales.

En el seguimiento que realiza el ente de control a la actual política de transición energética, evidenció que buena parte de las demoras en los trámites de licencias y permisos ambientales se deben a dificultades normativas, como por ejemplo la definición por parte del gobierno nacional de las fuentes de “energía alternativa virtualmente contaminantes”, que son las que requieren licencias ambientales, o por procesos como consultas previas a comunidades, entre otros.

Frente a este panorama, la delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios pidió a las autoridades articulación nacional y territorial, teniendo en cuenta el papel relevante que cumplen para la puesta en operación de los proyectos para energías alternativas a la eléctrica y a la de hidrocarburos, como el carbón, que tradicionalmente se ha utilizado en el país.

Asimismo, refirió que la entrada en funcionamiento de los Proyectos de Energía Renovable No Convencional Fotovoltaicos y Eólicos es necesaria para que el país logre cumplir con la reducción de los Gases Efecto Invernadero y la carbono neutralidad, al mismo tiempo que se generen condiciones de desarrollo sostenible y se mitigue el riesgo de desabastecimiento de energía.

Finalmente, el Ministerio Público recalcó en la necesidad de fortalecer las capacidades de las autoridades ambientales, reforzando sus equipos técnicos y conocimientos sobre este tipo de energías, unido a los procesos de diálogo y concertación social, como las consultas previas; y a los estudios de impacto ambiental que elaboran los dueños y titulares de estos proyectos.