Para obtener un diagnóstico claro sobre la prestación del servicio de energía eléctrica en Amazonas, Chocó, Guainía, La Guajira, Putumayo, San Andrés, Vaupés y Vichada, la Procuraduría General de la Nación solicitó un informe detallado al Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas (IPSE) y a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

En la actuación preventiva, la Delegada para la Gestión y Gobernanza Territorial requirió detallar por cada departamento el número de usuarios atendidos, la capacidad instalada, el promedio de horas diarias de suministro, el estado de la infraestructura y las falencias que impactan la continuidad, eficiencia y calidad del servicio.

El órgano de control también solicitó un inventario de los proyectos que están en ejecución, estructuración o planeación que contemplen Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER), así como aquellos vinculados al Sistema Interconectado Nacional (SIN).

«Nuestro objetivo es velar por la eficiente prestación de los servicios públicos, el adecuado uso de los recursos y evitar situaciones que pongan en riesgo el bienestar de los usuarios en estas regiones apartadas del país», señaló el procurador Delegado, Francisco Canossa.