Tras liderar una mesa interinstitucional, la Procuraduría General de la Nación invitó a trabajar de manera articulada para avanzar en el cumplimiento de la meta de formalización de empleo público, para la vigencia 2025.

En la reunión, en la que estuvieron funcionarios del Ministerio del Trabajo, del Departamento Administrativo de la Presidencia, el Ministerio de Hacienda, el Departamento Administrativo de la Función Pública y Planeación Nacional, el organismo de control llamó a redoblar esfuerzos para cumplir con los plazos establecidos y así garantizar la culminación exitosa del proceso.

Si bien, en el año 2023 se superó la meta de 10 mil empleos formalizados al alcanzar la cifra de 16.544, para el año 2024 apenas se lograron 5.758 (2.732 de orden nacional y 3.026 en el territorial) de 40 mil empleos propuestos.

Tras la presentación del balance, el organismo de control urgió a las entidades correspondientes asumir acciones inmediatas pues de 100 mil empleos formalizados, propuestos para el final del cuatrienio, hasta el momento se ha cumplido con 24.294, lo que requiere acelerar los mecanismos para sacar adelante los objetivos.

Asimismo, el Ministerio Público reiteró la necesidad de realizar estudios rigurosos para determinar si los contratos vigentes corresponden efectivamente a contratos de prestación de servicios o si, por el contrario, se trata de casos que configuran una relación laboral permanente, como lo ha señalado la Corte Constitucional en la Sentencia C-614 de 2009, en la cual se precisó que las funciones de carácter permanente deben desarrollarse mediante empleos debidamente creados en la planta de personal.

Como resultado de la reunión, las entidades presentes ratificaron su compromiso de formalizar cerca de 17.546 empleos durante el año 2025, asumiendo cada una las tareas correspondientes para cumplir con celeridad y responsabilidad.

La Procuraduría anunció que continuará realizando un seguimiento estricto a la aplicación de las normas sobre empleo público y al uso adecuado de los contratos de prestación de servicios, con el objetivo de proteger los derechos laborales y asegurar el buen funcionamiento del Estado.