La Contraloría General de la República, en conjunto con la Procuraduría General de la Nación, ha venido desarrollando mesas de trabajo conjuntas con los Ministerios de Minas y Energía y de Hacienda, ante la preocupación de los organismos de control por los efectos de la mora en los giros de subsidios a las tarifas de energía y gas. Ahora Contraloría y Procuraduría refuerzan esta labor conformando una Comisión Especial Interinstitucional del Sector Energético, que arrancó convocando una mesa de trabajo con el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios y su equipo.

El propósito de esta comisión conjunta es hacer seguimiento a las acciones que implementen los diferentes actores del sector para mitigar los riesgos detectados en materia de sostenibilidad, calidad y cobertura de estos servicios esenciales.

Este mecanismo de vigilancia se enfocará específicamente en el monitoreo de las problemáticas relacionadas con la prestación de los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas.

De acuerdo con cifras del Comité Intergremial de Energía y Gas, a enero de 2025 la deuda del Gobierno Nacional y las entidades oficiales por servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas alcanza los $ 7,6 billones, distribuidos en $ 2,7 billones por subsidios de energía eléctrica; $ 3,3 billones por opción tarifaria; $ 1 billón de deuda de usuarios oficiales y $ 628 mil millones por subsidios de gas combustible.

En desarrollo de la Circular Conjunta No. 006 de 2025, el Contralor, General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, y el Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, han requerido a la Superintendencia de Públicos Domiciliarios información relacionada con la situación de la empresa intervenida AIR-E.

Se le solicitó presentar información detallada de las actuaciones que ha realizado la Superintendencia para garantizar en el largo plazo la prestación del servicio a cargo de esta empresa objeto de intervención.