Por presuntas irregularidades en la prestación del servicio de los chips electrónicos para el control de los privados de la libertad, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria a Sergio Alejandro Caballero Baute, en su condición de representante legal del interventor Consorcio Intervigilancia de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec).
Las preguntas irregularidades se relacionan con posibles cobros por aparatos de monitoreo, empleados con personas privadas de la libertad, con detención domiciliaria, prisión domiciliaria, beneficios administrativos o con medida de aseguramiento no privativa de la libertad a nivel nacional, que estarían inactivos.
Según información que reposa en la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal, esta situación podría configurar un posible detrimento patrimonial superior a los $ 14 mil millones.
De otra parte, se investiga el servicio de mantenimiento de dichos localizadores pues al parecer, estos venían reduciendo la capacidad de mantener la carga de la batería al punto de no satisfacer las condiciones estipuladas en la ficha técnica del contrato.
El Ministerio Público busca establecer si esta situación pudo obedecer a deficiencias en el seguimiento y control en las labores de la interventoría y la supervisión.
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