La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria por presuntas irregularidades en las que habrían podido incurrir servidores de Aguas del Cesar en el contrato de obra celebrado para la construcción del pozo profundo, línea de impulsión y adecuación de tanque de almacenamiento existente del sistema de acueducto en el casco urbano de Gamarra (Cesar), por un valor inicial que supera los $ 1.600 millones.

Los afectados con la decisión son: los exgerentes de Aguas del Cesar Pedro Miguel Serrano Medina y Lina Rosa Prada Galindo; los entonces funcionarios de esa entidad Orlando Oliveros Urieta y Anny Marroquín Daza y la interventora del contrato y representante legal del Consorcio Inter Pozo Gamarra, Katia Margarita López Rosado.

Al parecer, el proyecto no contaba con el permiso ambiental de concesión de aguas y, en consecuencia, la calidad del agua presuntamente no es apta para el consumo humano. Adicionalmente, se investigan deficiencias en la obra civil y eléctrica que podrían obedecer a debilidades en la supervisión e interventoría.

El ente disciplinario ordenó la práctica de pruebas con el fin de identificar si se habría presentado falencias en la planeación, ejecución, reparación de obra nueva y liquidación, pues según la Contraloría General de la República este proyecto cumpliría dos años sin paz y salvo técnico ni financiero.