La Procuraduría General de la Nación, como parte de la vigilancia a la conducta de servidores públicos, incluidos a los de elección popular, solicitó a los mandatarios salientes en los municipios, departamentos y ciudades que, en la elaboración de los informes de gestión, rendición de cuentas y empalme, incluyan datos que permitan identificar los resultados en los territorios.

De acuerdo con el ente de control, esta información incluida en la Guía con Orientaciones para la Transición de Gobiernos Territoriales del Departamento Nacional de Planeación (DNP), permitirá a los mandatarios que iniciaran labores el 1 de enero de 2024, priorizar los proyectos estratégicos más importantes, con mejores resultados para tenerlos en cuenta en la formulación del nuevo plan de desarrollo territorial. Así como garantizar y proteger los derechos de la población y el acceso prioritario a servicios públicos esenciales.

En la Directiva 15 de 2023, la Procuraduría advierte a los gobernadores, gobernadoras y alcaldes y alcaldesas sobre la necesidad de realizar las gestiones y trámites administrativos, contractuales y presupuestales necesarios para el debido funcionamiento de la administración y la atención integral orientada a la protección de los derechos de las poblaciones con mayor vulnerabilidad.

Además, insta a los mandatarios salientes a evidenciar temas que involucren el ejercicio de competencias entre distintos niveles de gobierno o situaciones en las que, por aplicación del principio de subsidiariedad, otra administración haya asumido funciones orientadas a la garantía de los derechos fundamentales o de acceso a servicios públicos esenciales.

Recordó que se deben publicar los contratos suscritos, ejecutados y liquidados, así como los que encuentran en curso; incluir el análisis y planes de mejoramiento previstos y el último reporte adelantado en el Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión (FURAG).

En el documento invitó a los Consejos Territoriales de Planeación (CTP) al proceso de transición para que emitan recomendaciones sobre los programas y proyectos estratégicos que ameriten priorización o continuidad. Adicionalmente, señaló que deben suministrar información a personeros y oficinas de control interno, para que puedan ejercer control y la auditoria, para así garantizar la transparencia del proceso de transición de gobierno.

La Procuraduría, finalmente, recordó que, “el incumplimiento de la normatividad relativa al proceso de transición de gobiernos territoriales, tanto por las administraciones salientes como por las entrantes, conlleva responsabilidades de tipo disciplinario”.