La Procuraduría General de la Nación llamó la atención al Gobierno nacional sobre la forma desarticulada con la que se avanza en la implementación del Acuerdo de Paz, que ahonda los desafíos y rezagos en el cumplimiento de los compromisos asumidos.

En el segundo informe sobre el avance de la implementación del Acuerdo de Paz presentado al Congreso de la República, el Ministerio Público, aunque reconoció importantes avances, identificó una limitada participación de la ciudadanía, enfoques diferenciales poco desarrollados y problemas de planeación, programación y destinación de recursos financieros.

El órgano de control señaló que a marzo de 2020 solo se ha cumplido con el 60 % de los compromisos previstos en el Plan Marco de Implementación -PMI-, que tenía como plazo de ejecución un periodo entre 2017 y 2019.

Además, no se han diseñado todas las herramientas necesarias para hacer un seguimiento integral al proceso, pues el Sistema Integrado de Información para el Posconflicto –SIIPO- no reporta los recursos invertidos ni las acciones desarrolladas en los territorios, y el 26 % de las obligaciones adquiridas no tiene metas establecidas que permitan verificar su ejecución, como ocurre, por ejemplo, con la seguridad de los líderes, lideresas y defensores.

Para la Procuraduría es necesario que el Estado garantice la seguridad en los territorios para que la oferta social llegue a los municipios más afectados por el conflicto, lo que permitirá reducir las brechas económicas y sociales y lograr la transición de las economías ilícitas a lícitas.