La Contraloría General de la República adelanta dos procesos de responsabilidad fiscal por valor de $ 3.870 millones, por irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el Departamento del Cesar.

Los procesos objeto del reproche fiscal son los siguientes, uno por valor inicial del daño al Patrimonio Público, por $ 2.075 millones, referente a las irregularidades evidenciadas en la ejecución del contrato No. 2021-01-0012, cuyo objeto fue la “Prestación del servicio de alimentación escolar a los niños, niñas y adolescentes escolarizados en las áreas rural y urbana del Departamento del Cesar, acorde a los lineamientos técnico-administrativos y estándares del programa de alimentación escolar (PAE) vigencia 2021 (zona Sur)”, suscrito entre el Departamento del Cesar y la Unión Temporal Contratista Unidos por el Cesar, por valor de $ 20.050 millones.

El segundo, valor inicial del daño al Patrimonio Público por $ 1.795 millones, este acerca de las deficiencias en la ejecución del contrato de prestación de servicios No. 2021-01-0011, el cual tuvo por objeto la “Prestación del servicio de alimentación escolar a los niños, niñas y adolescentes escolarizados en las áreas rural y urbana del departamento del Cesar, acorde a los lineamientos técnico-administrativos y estándares del programa de alimentación escolar (PAE), vigencia 2021 (zona norte)”, suscrito entre el Departamento del Cesar y la Unión Temporal Nutricesar por $ 1 7.511 millones.

Los procesos de responsabilidad fiscal tuvieron su origen en hallazgos fiscales detectados por la Contraloría Delegada para el Sector Educación, Ciencia y Tecnologías, Cultura y Recreación.

En ambas actuaciones se evidenció que la leche en polvo, que representa el 29 % del valor pagado en materia prima de cada ración, tiene un incremento del 45 % respecto al precio reportado por el Dane y el contratado por el departamento, mientras que productos como el aceite y la arveja se incrementaron en un 10 % y 14 %, respectivamente.

En desarrollo de este asunto, se vinculó a las compañías aseguradoras para garantizar el resarcimiento del daño al patrimonio. Igualmente, se está recolectando información patrimonial de los presuntos responsables.