El desvío de grandes cantidades de insumos químicos controlados hacia centros de acopio clandestinos, para abastecer laboratorios de procesamiento de cocaína, era la actividad delictiva desarrollada por una red delincuencial identificada y desarticulada por la Fiscalía General de la Nación en Norte de Santander y Cesar. Seis de sus presuntos integrantes fueron judicializados.

El tráfico de sustancias para la elaboración de narcóticos constituye una de las conductas priorizadas por la Dirección Especializada contra el Narcotráfico, debido a su papel en la cadena de producción de estupefacientes y en el sostenimiento de las economías ilícitas.

De acuerdo con la investigación, la organización afectada habría utilizado dos empresas legalmente constituidas para importar desde China y países de Suramérica productos químicos. Los insumos, en lugar de ser almacenados en las sucursales autorizadas, eran trasladados hacia centros de acopio clandestino en Ocaña (Norte de Santander) y Aguachica (Cesar).

Desde estos puntos se abastecerían laboratorios de producción de cocaína ubicados en el Catatumbo y el sur de Bolívar, zonas de influencia del ELN. Para encubrir las operaciones, la estructura registraría exportaciones ficticias hacia Venezuela que no eran reportadas ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

Los seis judicializados son: Yorjan Palacio Villalba, Wilson Castillo Lindarte, Breider Alexis Calderón Martínez, Sebastián Contreras Tamayo, Javier Angarita y Yesid Alejandro Franco Ramírez. Según los elementos materiales probatorios, cada uno cumpliría funciones específicas en la adquisición, coordinación logística, acondicionamiento y transporte de las sustancias.

Palacio Villalba sería el encargado de dirigir y financiar la organización, además de gestionar las importaciones a través de las empresas. Castillo Lindarte asumiría la supervisión de las rutas y el ocultamiento de la trazabilidad de los precursores, mientras que Calderón Martínez apoyaría las actividades logísticas.

Por su parte, Contreras Tamayo tendría a cargo del acondicionamiento de los cargamentos, la articulación de los procedimientos de cargue y el retiro de etiquetas para ocultar la procedencia de la mercancía. Angarita y Franco Ramírez, entre tanto, estarían implicados en el transporte de los insumos hasta los lugares de almacenamiento.

Las actividades de policía judicial permitieron documentar diferentes operaciones de importación y desvío de sustancias controladas, entre ellas:

• 23 de octubre de 2024: detección de la importación ilegal de 24.150 kilogramos de cloruro de calcio.
• 24 de noviembre de 2024: incautación de 7.738 galones de hidrocarburos.
• 22 de mayo de 2025: identificación del desvío de 12.600 kilogramos de acetato de N-propilo mediante una falsa exportación.
• 30 de mayo de 2025: hallazgo de 208 galones de acetato de etilo y 550 galones de ácido clorhídrico durante un allanamiento.
• 26 de julio de 2025: incautación de 3.350 galones (11.160 kilogramos) de acetato de N-propilo.
• 9 de mayo de 2026: incautación en otra bodega de 11.300 kilogramos de cloruro de calcio, 3.075 kilogramos de bisulfito de sodio, 1.100 galones de acetato de N-propilo, 330 galones de xileno, 935 galones de isobutanol y 220 galones de cloruro de acetilo.

Con los elementos materiales probatorios y la evidencia física recaudados, la Fiscalía imputó a los seis procesados los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos. Ninguno aceptó los cargos y un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.