El Plan de Formalización Laboral del Empleo Público, que encabeza el Departamento Administrativo de la Función Pública, de manera articulada con la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), ha sido acogido por 458 entidades públicas en todo el país.

A la fecha 327 entidades del nivel territorial y 131 en el orden nacional han manifestado su interés para iniciar el plan de formalización laboral propuesto por el Gobierno Nacional para dignificar el empleo público.

El objetivo de este plan es que de manera gradual las actividades permanentes y misionales en las entidades pasen a ser desarrolladas por servidoras y servidores públicos y no por contratistas, para garantizar una mejor prestación del servicio.

Para ello, cada entidad, dentro de su autonomía, debe hacer un estudio de cargas laborales y establecer los recursos de talento humano que necesite, el cual podrá vincular mediante la provisión de las vacantes existentes, la ampliación de plantas globales, la creación de plantas temporales en equidad y con vocación de permanecía, o mediante los demás mecanismos alternativos de vinculación acorde a la Ley.

Por su parte, el director de Fortalecimiento y Gestión Estatal de la ESAP, Elier Avalo, afirmó que “la estrategia de formalización implica la creación de empleos ya sea temporales o permanentes y desde el punto de vista normativo es fundamental y obligatorio que se elaboren los estudios técnicos. En este sentido la elaboración del estudio técnico siempre ha requerido un conocimiento no solo del marco normativo sino también de las metodologías de diseño organizacional”.

Según datos de Función Pública, para la vigencia 2022 en el Estado se suscribieron 911.440 contratos de prestación de servicios con personas naturales y jurídicas, de los cuales 573.758 correspondían a entidades del orden territorial y 337.682 a entidades del orden nacional.

Además, como advirtió la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, las demandas por contrato realidad son un riesgo que actualmente tiene el Estado. Con corte a septiembre de 2022, el Estado contaba con 6.667 procesos activos cuyas pretensiones ascendían a $ 1,02 billones.