La mayoría de opositores que apoyaron la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela en 2019 pidieron este miércoles la eliminación del llamado Gobierno interino encabezado por el exdiputado, que cuenta con el reconocimiento de EE.UU. y otros países.

«La propuesta sería la eliminación de todo el Gobierno interino, a excepción de tres instancias que consideramos que son necesarias para la defensa de los activos en el exterior», dijo en una rueda de prensa el exdiputado Alfonso Marquina, en nombre de 69 de los 112 diputados elegidos en 2015, cuyo período venció en enero de 2021.

Detalló que estas tres «instancias» serán las juntas creadas para tratar temas de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), la del Banco Central (BCV) y una comisión ejecutiva que se ocupará de asuntos relativos a la «defensa de los activos en el exterior», los cuales están bajo el poder del llamado Gobierno interino.

Esta comisión ejecutiva, añadió, velará por la transparencia en el uso de recursos.

Marquina aseguró que la propuesta busca mantener activa la Asamblea Nacional (Parlamento) elegida en 2015 -que no reconoce la legitimidad del Legislativo instalado en 2021 con contundente mayoría oficialista- únicamente para legislar en torno a la protección de los recursos de Venezuela en el extranjero.

Los exparlamentarios, agrupados en cuatro partidos opositores, adelantaron su intención de modificar el «estatuto de transición», la hoja de ruta creada tras la autoproclamación de Guaidó, para eliminar la figura de la presidencia interina y «reordenar» los esfuerzos del antichavismo.

«Después de cuatro años, el proceso político (…) se ha debilitado y no es percibido como una opción de cambio político real, no ha alcanzado los objetivos de liberación esperados y el país reclama nuevos caminos que nos lleven a la democracia», reza la declaración, suscrita también por 34 legisladores suplentes del Parlamento anterior.

Marquina aseguró que el Gobierno interino «no es la razón de ser de la lucha democrática», sino que se trató de un «instrumento necesario, en su momento, para lograr la interlocución internacional y la protección de los activos» y que ahora serán estás tres «representaciones ejecutivas» las que se encargarán de ello, «con autonomía e independencia». (EFE).