Con el fin de incorporar la gestión del riesgo de desastres en los planes de ordenamiento territorial, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y el Servicio Geológico Colombiano (SGC) firmaron un convenio que a 60 municipios del país les permitirá tomar decisiones sobre cómo y dónde se deben proyectar el desarrollo y el crecimiento de manera segura en los próximos años.

Durante un evento virtual, que contó con el acompañamiento del viceministro de Vivienda, Carlos Ruiz, el ministro Jonathan Malagón recordó que a la fecha cerca del 88 % de los municipios del país no han realizado la revisión y el ajuste de sus POT en los términos establecidos por la reglamentación vigente.

“Esto limita su capacidad e impide, por ejemplo, acceder al programa de los 200 mil subsidios o gestionar el desarrollo de infraestructura complementaria, que requieren gestión del suelo, entre otros procesos”, dijo el jefe de la cartera de Vivienda, quien señaló que en 45 años Colombia duplicará el número de viviendas que construirá. “Por eso, esta es una apuesta importante en materia de ordenamiento”, enfatizó.

Igualmente, destacó el proceso desarrollado en dos fases: la primera, con la entrega de los insumos cartográficos a 9 municipios de los 60, mediante el convenio suscrito con la Universidad Nacional de Colombia y el SGC por más de $2.500 millones. Igualmente, el Ministro recordó que en los últimos diez años, allí se presentaron emergencias que cobraron la vida de personas, dejaron familias damnificadas y destruyeron cientos de viviendas, afectando el desarrollo.

Sobre la segunda fase, que finalizará en diciembre del 2021, resaltó que se elaborarán y entregarán los estudios básicos en suelo urbano, expansión urbana y rural priorizados en la primera fase. Adicionalmente, 22 municipios recibirán estudios básicos en suelo rural y otros 30 tendrán un documento de recomendaciones técnicas para la incorporación de la gestión del riesgo.

Esto se complementará con estudios detallados en, mínimo, 115 hectáreas en el país para apalancar procesos de legalización, mejoramiento integral de barrios o habilitación de suelo, lo que –de paso– será posible gracias al trabajo conjunto entre el Ministerio y el SGC en desarrollo del convenio interadministrativo en el que se invertirán más de $19 mil millones.