El Ministerio de Salud y Protección Social asignó $ 7.000.000.000 a 38 entidades territoriales del orden distrital y departamental, para dar continuidad al proceso de certificación y registro de localización y caracterización de personas con discapacidad que se inició en el 2020.

El plazo de ejecución de estos recursos será la actual vigencia, según informó Alejandro Cepeda, jefe de la Oficina de Promoción Social. «Se espera alcanzar alrededor de 56 mil valoraciones multidisciplinarias en todo el país, con su respectivo certificado de discapacidad», apuntó.

Durante el año pasado se asignaron $ 4.688.024.000 (Resolución 1516 de 2020) con 150 IPS habilitadas, con lo que, a la fecha, se encuentran certificadas más de siete mil personas con discapacidad.

Cepeda aseguró que, para 2021, Colombia tiene más de 270 IPS autorizadas por las entidades territoriales, con capacidad operativa, equipos multidisciplinarios para la realización del procedimiento de certificación de discapacidad y servicios habilitados de medicina, enfermería, fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiología, optometría y psicología, relacionados con las disciplinas de los equipos conformados.

Asimismo, infraestructura técnica, tecnológica y administrativa para el reporte de la información, apoyos y ajustes razonables, entre otras condiciones necesarias.

El jefe de la Oficina de Promoción Social indicó que «el Ministerio tiene previsto realizar una segunda asignación de recursos por aproximadamente $2.800 millones a las entidades territoriales que evidencien compromiso frente al proceso de implementación del certificado de discapacidad y un avance significativo en la ejecución de los dineros ya asignados».

Por lo que hizo un llamado a los departamentos y distritos a desarrollar las acciones pertinentes que permitan la ejecución de los recursos, así como la asignación de recursos de concurrencia, con el propósito de aumentar el número de personas con discapacidad que accedan al proceso de certificación.

La reglamentación del proceso está documentada en la Resolución 113 de 2020; mientras que la 1043 de 2020 dicta los criterios para que las secretarías de Salud puedan acceder a este rubro.