La Misión de Observación Electoral (MOE), registró 411 hechos de violencia contra líderes políticos, sociales y comunales durante los primeros 10 meses del 2020. Esta cifra evidencia cómo las afectaciones contra los distintos tipos de liderazgo están lejos de llegar a su fin. Si bien, durante los periodos de confinamiento este fenómeno de violencia se redujo significativamente, durante el último trimestre analizado se registró un aumento preocupante.

En el periodo analizado, el fenómeno de la violencia contra líderes políticos, sociales y comunales mantiene la tendencia observada en años anteriores, y se concentra en los departamentos de Cauca, Antioquia, Norte de Santander, La Guajira, Córdoba y Magdalena. Por su parte, de los 137 asesinatos ocurridos en el periodo analizado, el 62% se perpetraron en zonas PDET, priorizadas por el Gobierno Nacional.

Alejandra Barrios, Directora de la MOE indicó que: “Especial preocupación genera el departamento de Nariño, pues en ese territorio confluyen dinámicas relacionadas con la cadena productiva del narcotráfico y la búsqueda del control por parte de distintos grupos armados ilegales, que han dejado a población indígena, afro y campesina que habita el departamento en la mitad de la confrontación. De esta forma, en lo corrido del segundo semestre de 2020, en donde se han perpetrado masacres contra población joven del departamento. Y mientras hasta junio no se tenía registro de agresiones contra líderes sociales, entre julio y octubre se reportaron 6 asesinatos y un atentado.”

En cuanto a los tipos de liderazgos, los líderes sociales son los que más vulneraciones han sufrido, concentrando el 54,2 % de los hechos. Es decir que, uno de cada dos líderes agredidos durante estos meses en Colombia, fue un líder social. Esto con el agravante que el 63,5 % de las agresiones en su contra fueron letales.

Los líderes políticos fueron el segundo tipo de liderazgo más afectado con 140 hechos registrados, de los cuales el 61 % se presentaron contra funcionarios electos en 2019. Así, durante los primeros diez meses del 2020, 86 funcionarios fueron víctimas de hechos de violencia: un gobernador, tres diputados, 18 alcaldes, 59 concejales y cinco ediles. Siguiendo la misma tendencia observada desde el primer semestre del año, se evidencia la intención de este tipo de violencia: controlar no solo el actuar social, sino de los gobiernos locales a partir del sometimiento de sus líderes.

Finalmente, se presentaron 61 hechos de violencia contra líderes comunales, un 30 % más que en el mismo periodo en 2019. La MOE destaca no solo el incremento en número de hechos, sino en su letalidad, ya que el 65,6 % de estos fueron asesinatos o atentados. Esto pone a las y los líderes comunales en una situación de riesgo particular, con el agravante que estos ciudadanos son la expresión de la democracia en el nivel más cercano a la población.