Ante los riesgos asociados a la variabilidad climática y al fenómeno de El Niño, la Procuraduría General de la Nación hizo un llamado a las entidades públicas del país para que adopten medidas efectivas de ahorro y uso eficiente del agua y la energía. Mediante la Directiva 017 del 6 de octubre de 2026, el Ministerio Público recordó que el uso responsable de estos recursos constituye un deber de la administración pública y que las medidas de ahorro deben traducirse en metas verificables, reducción de consumos y acciones concretas para prevenir el desperdicio.

La Procuraduría instó a ministerios, gobernaciones, alcaldías y demás entidades públicas a fortalecer sus planes de eficiencia energética, revisar sus consumos de agua y electricidad, corregir fugas, realizar las auditorías exigibles y adoptar medidas que garanticen el aprovechamiento responsable de ambos recursos. Recordó, además, que las entidades sujetas a las disposiciones legales correspondientes deben establecer metas de ahorro energético, entre ellas la reducción mínima del 15 % prevista en la Ley 1715 de 2014, modificada por la Ley 2294 de 2023. Estas acciones adquieren especial importancia ante posibles escenarios de desabastecimiento de agua y afectaciones al suministro energético.

La Procuraduría General de la Nación hará seguimiento al cumplimiento de estas medidas en todo el territorio nacional. La vigilancia comprenderá la revisión de planes, metas, reportes de consumo, auditorías y resultados de ahorro, con especial atención a las entidades ubicadas en zonas con riesgo de desabastecimiento. El Ministerio Público requerirá explicaciones frente a posibles omisiones y promoverá las acciones preventivas correspondientes, con el propósito de proteger los recursos naturales y garantizar la continuidad de los servicios esenciales.