La JEP se reunió este viernes en Valledupar con autoridades de Cesar y La Guajira para avanzar en la articulación que permitirá materializar proyectos restaurativos en esta zona del país. Este esfuerzo, además, contribuirá a que las sanciones propias que se impongan a los máximos responsables —quienes han aportado verdad y reconocido su responsabilidad por asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate en la Costa Caribe— sean efectivas, viables y sostenibles.
En este espacio de trabajo, orientado a coordinar acciones que contribuyan a restaurar los daños causados a las víctimas, las comunidades y los Territorios, participaron el presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli; el secretario ejecutivo, Harvey Suárez; la magistrada Ana Manuela Ochoa; y el subdirector del Sistema de Justicia Restaurativa, Julián Guerrero. Por parte del departamento de Cesar, estuvieron presentes la gobernadora Elvia Milena Sanjuán Dávila; el alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco Durán; la asesora de Paz de Cesar, Juana Pacheco; y el párroco de la Diócesis de Valledupar, Iver Alfonso de la Cruz.
La gobernadora Sanjuán aseguró en esta reunión que “con lo que nos comprometamos, vamos a cumplir” y reafirmó su voluntad de seguir trabajando por la reconstrucción del tejido social. Las autoridades territoriales presentes coincidieron en expresar su compromiso de respaldar estas iniciativas, que servirán como marco de referencia para las sanciones propias que se impondrán a los máximos responsables. No obstante, fueron enfáticas en señalar que su materialización depende de la concurrencia del Gobierno nacional, responsable de garantizar el financiamiento según el Acuerdo Final de Paz y el Plan Nacional de Desarrollo.
Las acciones restaurativas que se desplegarán en Cesar y La Guajira permitirán el cumplimiento de las sanciones propias que imponga la Sección de Reconocimiento de Verdad a 12 exintegrantes del Batallón de Artillería No. 2 ‘La Popa’, en el Subcaso Costa Caribe del Caso 03. Se trata de comparecientes de la fuerza pública que aportaron verdad tras ser hallados máximos responsables por su participación determinante en el asesinato de 135 personas en estos dos departamentos, incluidos miembros de los Pueblos Wiwa y Kankuamo.
En un paso determinante hacia la imposición de Sanciones Propias, la Sección ya ha convocado oficialmente las primeras Audiencias Públicas de Verificación. En este subcaso, la diligencia se realizará el 23, 24 y 25 de julio. En ella, se evaluará el cumplimiento de las condiciones de contribución a la verdad, la reparación y la no repetición por parte de los comparecientes, conforme a lo establecido en la Ley 1922 de 2018 y en el artículo 92 (e) de la Ley Estatutaria de la JEP. Una vez concluida esta etapa del juicio dialógico, el siguiente paso será la emisión de la sentencia.
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