La Segunda Jornada de Servicios Públicos y Derechos Humanos se llevó a cabo en Riohacha, La Guajira, epicentro del proyecto de transmisión Colectora. El evento fue un espacio institucional, pedagógico y participativo creado para reflexionar sobre la garantía efectiva de los derechos fundamentales a través del acceso a servicios públicos domiciliarios.

Esta iniciativa del Grupo Energía Bogotá (GEB), con el apoyo del Consejo Superior de la Judicatura, tuvo su primera edición en Bogotá y busca recorrer distintas regiones del país, consolidando un diálogo amplio, informado y con participación ciudadana sobre los desafíos estructurales del sistema de servicios públicos en Colombia.

“Estos eventos tocan lo que hace el Grupo y la influencia directa que tiene en La Guajira, en la medida en que es uno de los polos de desarrollo más importantes en temas energéticos.

Estas jornadas nacen de la convicción y el entendimiento profundo de que los desafíos del sector son parte importante de los temas que deben discutirse y el de la energía en particular tiene puntos muy relevantes, en el entendido de que estamos en medio de lo que se ha denominado transición energética, calentamiento global y seguridad energética y todo lo que esto implica en el contexto de respeto por los derechos de las comunidades”, explicó Néstor Fagua, vicepresidente Jurídico del Grupo Energía Bogotá.

En esta jornada, los profesores Andrée Viana, de la Universidad de los Andes, y Mauricio Rueda, docente de la Universidad del Rosario, presentaron análisis fundamentales sobre el marco normativo y los avances en derechos humanos vinculados al acceso a servicios públicos domiciliarios.

En este sentido, Viana abordó los asuntos jurisprudenciales del derecho a la consulta previa en Colombia, destacando que: “si la consulta previa es un diálogo en el que las Noticias con Energía partes buscan una ponderación entre soluciones que equilibren los derechos de todos, como lo dijo la Corte en sus primeras sentencias, entonces el objeto mismo de la consulta previa puede entenderse como la construcción de un interés general en el caso concreto”.

Por su parte, Mauricio Rueda centró su intervención en el Acuerdo de Escazú y su impacto en la gestión ambiental, particularmente en los derechos de acceso a la información, la participación y la justicia en estos temas. En su análisis, hizo un llamado a fortalecer lo que ya existe antes que multiplicar mecanismos sin articulación.